En una histórica audiencia pública desarrollada en Sucre este 23 de abril, la Acción Ambiental Directa presentada por la diputada nacional María René Álvarez logró que el Tribunal Agroambiental dicte medidas de protección a favor del jaguar, que incluye la preservación de su territorio con la prohibición de quemas en zonas como la Chiquitania donde habita esta especie silvestre.

La parte resolutiva de 12 puntos se sustentó en gran medida en el Acuerdo de Escazú y emitió órdenes para las instancias estatales para tomar medidas y aplicar políticas de protección al jaguar y su hábitat, que incluye la declaración de una pausa ecológica.

En el punto 9, la Sala Plena compuesta por los magistrados Richard Méndez, Víctor Hugo Claure, Roxana Chávez y Rocío Vásquez, ordenó disponer pausa ecológica en las quemas y chaqueos en todo el territorio nacional con base al DS 5225, que implica suspender las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT así como prohibir la emisión de nuevos permisos. La pausa ecológica se mantendrá vigente hasta una evaluación de las autoridades competentes con supervisión del Tribunal Agroambiental.  

La resolución se dictó luego de cuatro horas de exposición de las partes, comenzando con la demanda de la legisladora representante de la Chiquitania y el abogado Juan Carlos Camacho, quienes interpusieron el recurso en febrero, luego de conocer un caso de biocidio de la especie Panthera onca dentro del Área Natural de Manejo Integral (AMNI) de San Matías del departamento de Santa Cruz.

“El jaguar es un símbolo de la Amazonía y la Chiquitania, pero sobre todo es una de las especies protegidas que durante años fue cazada, comercializada y vulnerada en sus derechos. Y con la caza del jaguar también se ha incrementado el avasallamiento de nuestros territorios y la afectación a los pueblos indígenas. Por tanto, este fallo se constituye en un primer paso para hacer una defensa íntegra no solo para las especies protegidas sino para nuestros territorios y nuestros pueblos”, expresó Álvarez.  

Sobre la especie, el Tribunal Agroambiental ordenó al MMAyA que realice una actualización y recategorización del jaguar como especie en peligro o en peligro crítico. También que se implemente una política de cero tolerancia al tráfico de fauna silvestre y se trabaje en coordinación con los gobiernos autónomos departamentales, municipales y representaciones indígenas para elaborar planes de conservación de la Panthera onca.

En la audiencia pública se fueron sumando instituciones defensoras del medio ambiente, representantes indígenas y autoridades de otros departamentos donde también habita el jaguar, además de la Defensoría del Pueblo, Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo de Justicia.

Por el nivel central del Estado estuvieron presentes la Procuraduría General, el Ministerio del Medio Ambiente y Aguas, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Ministerio de Educación y la Vicepresidencia del Estado, aunque esta última no era parte de la demanda y confundió su rol con el de la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Cada intervención de la sociedad civil destacó la acción emprendida por la legisladora cruceña y respaldó la demanda para activar mecanismo de protección al jaguar como una especie protegida, que evite su caza indiscriminada y también alcance a otra fauna silvestre que se encuentra dentro de las reservas naturales y áreas protegidas del país.   

“Agradecer a nuestras autoridades indígenas por hacer las denuncias y hacer el constante seguimiento a una problemática que les afecta directamente. También a aquellas instituciones que se dedican a la defensa del medio ambiente y que se sumaron a esta Acción Ambiental Directa, porque esta es una lucha de toda la sociedad comprometida con la naturaleza. A los guardapaques que trabajan a puro pulmón y exponen sus vidas por cuidar nuestra fauna y flora”, acotó la diputada.

En tanto, desde el nivel central de Gobierno, se dieron excusas sobre la limitación en la protección de las especies silvestres.

Por ejemplo, la representación del Sernap dijo que no cuenta con suficiente personal para patrullar las 16 áreas protegidas del país y esto implicaría cubrir miles de hectáreas por cada funcionario. Desde el MMAyA, se pidió delimitar las áreas protegidas donde se encuentra el jaguar y que se profundice la gestión compartida para que también las gobernaciones y municipios realicen la labor de protección, así como reconocer a las autoridades indígenas ambientales para esa tarea.

La Vicepresidencia, a través de un memorial conocido ayer, trató de paralizar la audiencia pública de esta jornada y pidió al Tribunal Agroambiental desconocer sus competencias, pese a ser la máxima instancia especializada en esta temática.

El abogado Camacho cuestionó esa acción y la argumentación del asesor jurídico de la Vicepresidencia, Ruddy Flores, por acudir a un tribunal al que desconoce e interpretar el caso como un juicio penal y no como un acto judicial referido a la defensa del medio ambiente.

La resolución también exhortó a las instancias estatales que en diez días hábiles procedan a emitir medidas que prevengan amenazas o ataques contra los defensores de los derechos ambientales, porque al hacer este tipo de denuncias sobre tráfico de especies y pérdida de biodiversidad, se exponen a un contexto de crimen organizado transnacional.

Las medidas cautelares incluyen a María René Álvarez diputada nacional, Marcos Uzquiano presidente del Asociación Boliviana de Guardaparques, Juan Carlos Camacho abogado accionante, Daniela Justiniano del colectivo Alas Chiquitanas, Rodrigo Herrera director de la organización Justicia Ambiental, Lisa Corti periodista ambiental, Antonio Cajías director de La voz de la Naturaleza, entre otros.

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