La diputada nacional María René Álvarez remitió una nota a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para objetar la postulación que hicieron sectores aliados al MAS, para que el actual vicepresidente David Choquehuanca sea nominado como postulante a la Secretaría General de esa entidad internacional.

La carta dirigida al secretario general António Guterres, denuncia el doble discurso de Choquehuanca en los temas de defensa del medioambiente y los pueblos indígenas, porque sus relatos ante la comunidad internacional no coinciden con sus acciones dentro de Bolivia, según expuso la legisladora chiquitana.

Álvarez detalló al menos cuatro casos que confirman cómo el vicepresidente actúa en temas internos del país, muy lejos de su discurso lleno de alegorías a la cosmovisión andina, la Pachamama y el respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios.

Choquehuanca, recientemente, actuó para obstruir la defensa del jaguar ante el Tribunal Agroambiental, remitiendo un memorial en el que pedía que esa instancia judicial especializada se declare “sin competencia” para establecer medidas cautelares a favor de esa especie de fauna silvestre y su hábitat. De igual forma, desde su despacho se elevó una Acción de Inconstitucionalidad contra leyes municipales agroecológicas en el norte de La Paz que proponían declarar a aquellos territorios como zonas agroecológicas y libres de contaminación minera.

Asimismo, Choquehuanca no se pronunció en estos casi cinco años, sobre los incendios forestales y el ecocidio registrado en la Chiquitanía y Amazonía, que en 2024 registró 12 millones de hectáreas quemadas, siendo el peor desastre ambiental en la historia reciente de Bolivia. Es más, agregó la diputada, desde el Legislativo se viene obstaculizando la abrogación de las leyes incendiarias como la Ley 741.

Finalmente, Álvarez denunció el apoyo del MAS a los avasallamientos de tierras en la región oriental del país, situación que tampoco es abordada desde la Asamblea Legislativa que es presidida por Choquehuanca.

El pasado jueves, dirigentes de las organizaciones afines al MAS se hicieron presentes en Nueva York para ser parte del 24 Periodo de Sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, dentro de las actividades del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas que se desarrollará hasta el 2 de mayo.

En la inauguración del evento, dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) sugirieron el nombre de Choquehuanca para ser candidato a suceder a Guterres en 2026, cuando se convoque a la respectiva Asamblea General de la ONU.

La diputada por Santa Cruz también anunció que mandará todas las notas y evidencias sobre el doble discurso de Choquehuanca a otras instancias como el Consejo de Seguridad, donde existen cinco países en calidad de miembros permanentes y que tienen la potestad de vetar cualquier postulación a la Secretaría General.

En una histórica audiencia pública desarrollada en Sucre este 23 de abril, la Acción Ambiental Directa presentada por la diputada nacional María René Álvarez logró que el Tribunal Agroambiental dicte medidas de protección a favor del jaguar, que incluye la preservación de su territorio con la prohibición de quemas en zonas como la Chiquitania donde habita esta especie silvestre.

La parte resolutiva de 12 puntos se sustentó en gran medida en el Acuerdo de Escazú y emitió órdenes para las instancias estatales para tomar medidas y aplicar políticas de protección al jaguar y su hábitat, que incluye la declaración de una pausa ecológica.

En el punto 9, la Sala Plena compuesta por los magistrados Richard Méndez, Víctor Hugo Claure, Roxana Chávez y Rocío Vásquez, ordenó disponer pausa ecológica en las quemas y chaqueos en todo el territorio nacional con base al DS 5225, que implica suspender las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT así como prohibir la emisión de nuevos permisos. La pausa ecológica se mantendrá vigente hasta una evaluación de las autoridades competentes con supervisión del Tribunal Agroambiental.  

La resolución se dictó luego de cuatro horas de exposición de las partes, comenzando con la demanda de la legisladora representante de la Chiquitania y el abogado Juan Carlos Camacho, quienes interpusieron el recurso en febrero, luego de conocer un caso de biocidio de la especie Panthera onca dentro del Área Natural de Manejo Integral (AMNI) de San Matías del departamento de Santa Cruz.

“El jaguar es un símbolo de la Amazonía y la Chiquitania, pero sobre todo es una de las especies protegidas que durante años fue cazada, comercializada y vulnerada en sus derechos. Y con la caza del jaguar también se ha incrementado el avasallamiento de nuestros territorios y la afectación a los pueblos indígenas. Por tanto, este fallo se constituye en un primer paso para hacer una defensa íntegra no solo para las especies protegidas sino para nuestros territorios y nuestros pueblos”, expresó Álvarez.  

Sobre la especie, el Tribunal Agroambiental ordenó al MMAyA que realice una actualización y recategorización del jaguar como especie en peligro o en peligro crítico. También que se implemente una política de cero tolerancia al tráfico de fauna silvestre y se trabaje en coordinación con los gobiernos autónomos departamentales, municipales y representaciones indígenas para elaborar planes de conservación de la Panthera onca.

En la audiencia pública se fueron sumando instituciones defensoras del medio ambiente, representantes indígenas y autoridades de otros departamentos donde también habita el jaguar, además de la Defensoría del Pueblo, Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo de Justicia.

Por el nivel central del Estado estuvieron presentes la Procuraduría General, el Ministerio del Medio Ambiente y Aguas, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Ministerio de Educación y la Vicepresidencia del Estado, aunque esta última no era parte de la demanda y confundió su rol con el de la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Cada intervención de la sociedad civil destacó la acción emprendida por la legisladora cruceña y respaldó la demanda para activar mecanismo de protección al jaguar como una especie protegida, que evite su caza indiscriminada y también alcance a otra fauna silvestre que se encuentra dentro de las reservas naturales y áreas protegidas del país.   

“Agradecer a nuestras autoridades indígenas por hacer las denuncias y hacer el constante seguimiento a una problemática que les afecta directamente. También a aquellas instituciones que se dedican a la defensa del medio ambiente y que se sumaron a esta Acción Ambiental Directa, porque esta es una lucha de toda la sociedad comprometida con la naturaleza. A los guardapaques que trabajan a puro pulmón y exponen sus vidas por cuidar nuestra fauna y flora”, acotó la diputada.

En tanto, desde el nivel central de Gobierno, se dieron excusas sobre la limitación en la protección de las especies silvestres.

Por ejemplo, la representación del Sernap dijo que no cuenta con suficiente personal para patrullar las 16 áreas protegidas del país y esto implicaría cubrir miles de hectáreas por cada funcionario. Desde el MMAyA, se pidió delimitar las áreas protegidas donde se encuentra el jaguar y que se profundice la gestión compartida para que también las gobernaciones y municipios realicen la labor de protección, así como reconocer a las autoridades indígenas ambientales para esa tarea.

La Vicepresidencia, a través de un memorial conocido ayer, trató de paralizar la audiencia pública de esta jornada y pidió al Tribunal Agroambiental desconocer sus competencias, pese a ser la máxima instancia especializada en esta temática.

El abogado Camacho cuestionó esa acción y la argumentación del asesor jurídico de la Vicepresidencia, Ruddy Flores, por acudir a un tribunal al que desconoce e interpretar el caso como un juicio penal y no como un acto judicial referido a la defensa del medio ambiente.

La resolución también exhortó a las instancias estatales que en diez días hábiles procedan a emitir medidas que prevengan amenazas o ataques contra los defensores de los derechos ambientales, porque al hacer este tipo de denuncias sobre tráfico de especies y pérdida de biodiversidad, se exponen a un contexto de crimen organizado transnacional.

Las medidas cautelares incluyen a María René Álvarez diputada nacional, Marcos Uzquiano presidente del Asociación Boliviana de Guardaparques, Juan Carlos Camacho abogado accionante, Daniela Justiniano del colectivo Alas Chiquitanas, Rodrigo Herrera director de la organización Justicia Ambiental, Lisa Corti periodista ambiental, Antonio Cajías director de La voz de la Naturaleza, entre otros.

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La diputada nacional María René Álvarez presentó este martes, una Acción de Cumplimiento contra los diputados Andrés Flores, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, y Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados, para que esa instancia legislativa pueda tratar de inmediato el proyecto de ley 163/2024-2025 que deroga la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

La demanda fue ingresada ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, luego de no recibir respuesta alguna de la referida Comisión de Diputados donde el proyecto ley aprobado por el Senado el pasado 5 de febrero, se encuentra estancado.

“El país se encuentra en un estado de tensión provocado por el Gobierno. La disposición séptima o disposición confiscatoria entró en el PGE sin ningún consenso ni debate con el sector productivo, es una imposición que solo busca destruir el aparato productivo, la propiedad privada, el libre comercio y el patrimonio comercial de miles de bolivianos”, expuso Álvarez.

La diputada cruceña explicó que el Gobierno en estos casi cinco años de gestión terminó por destruir la economía nacional, perdió todas las reservas internacionales, endeudó al Banco Central de Bolivia (BCB) y tomó dinero de las pensiones en las desaparecidas AFPs y ahora apunta contra el aparato productivo del país.

Recordó que la confiscación de productos se puede repetir con la disposición vigente, tal como pasó en diciembre con un operativo contra cinco ingenios arroceros en Montero a los cuales se les acusó de “ocultar” su producción y se decomisó el arroz para luego ser entregado a la estatal Empresa de Producción de Alimentos (Emapa).

“Ese es el modelo de este gobierno comunista, socialista y estatista. Quiere ver a la gente sometida, al emprendedor arrodillado y al comerciante gremial cada vez más dependiente de Estado”, manifestó la diputada.

“No lo vamos a permitir y si este gobierno insiste en incumplir la CPE y seguir conduciendo al país a un sendero de conflicto, vamos a apoyar todas las acciones que tome el sector productivo y el sector gremial para decirle a Arce y sus subordinados: ¡Basta de tanto abuso!”, concluyó Álvarez.   

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En la ciudad de Sucre, la diputada nacional María René Álvarez ingresó una demanda de carácter preventivo y sancionatorio ante el Tribunal Agroambiental por el caso de biocidio de jaguares, cometido en el Área Natural de Manejo Integral (ANMI) San Matías.

La legisladora acudió al Tribunal Agroambiental para continuar la investigación contra el empresario argentino Jorge Nestor Noya y el súbdito español Luis Villalba Ruiz, ambos señalados por ser responsables de la matanza de cinco jaguares en 2023, cuando se realizó una incursión en el ANMI San Matías del departamento de Santa Cruz, bajo la fachada de turismo.

“Este caso debe sentar precedente y jurisprudencia ambiental para la defensa de nuestros recursos naturales y especies protegidas, ante esta práctica de la caza ilegal en nuestro país”, expresó la legisladora.

Álvarez considera que esta es una oportunidad para que los nuevos juristas posesionados en enero, con la presidencia del magistrado Richard Méndez, demuestren que van a ejercer sus cargos bajo los criterios de responsabilidad y compromiso con la defensa ambiental, sin sesgo ni injerencia política.

Noya actualmente es procesado en Argentina y se encuentra en detención domiciliaria. En septiembre de 2023, el sujeto impulsó un tour desde su grupo Caza & Safari, en el que se ofertaba la caza de especies, desde aves hasta felinos que se encuentran como especies protegidas dentro del Estado boliviano.

Por el carácter internacional del caso, el memorial cita normativa suscrita por Bolivia, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), la Convención de Bonn, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Animales y el Acuerdo de Escazú.

En el petitorio, se solicita “adoptar medidas de prevención efectivas, orientadas a la protección de la vida silvestre, con especial atención a las especies en peligro de extinción, a fin de evitar la reincidencia de acciones que amenacen la biodiversidad y los ecosistemas”.

También se pide la “prohibición inmediata y temporal de cualquier actividad relacionada con la caza, captura, transporte o comercialización del jaguar o sus derivados (dientes, piel, etc.)”, además del cierre o restricción de acceso en zonas críticas donde se haya detectado caza furtiva o comercialización de productos derivados”.

En el ámbito preventivo, la legisladora apunta a fortalecer los sistemas de monitoreo en áreas protegidas, como parques nacionales y reservas ecológicas, con patrullajes constantes con apoyo de guardaparques, comunidades locales y fuerzas de seguridad, así como reforzar controles en puntos fronterizos y rutas comerciales claves, con el objetivo de frenar la exportación o tráfico de productos ilegales derivados del jaguar.

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En audiencia con el relator relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la senadora Centa Rek y la diputada María René Álvarez expusieron la problemática de los avasallamientos de tierras y los efectos en los incendios forestales en Bolivia.

El relator Javier Palumno estableció contacto con las legisladoras nacionales y escuchó el informe sobre los constantes avasallamientos de tierras, que durante los últimos años tienen una relación directa con los incendios forestales, explicando, además, que la titulación de tierras se va manejando como una estrategia de toma territorial que ahora apunta a ingresar a las tierras fiscales.

Tanto la senadora como la diputada, ambas representantes del departamento de Santa Cruz, apuntaron responsabilidades al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), así como los ministerios respectivos, como parte del problema de los asentamientos ilegales y el tráfico de tierras.

De igual forma, se explicó las consecuencias que tienen los avasallamientos en el habitad de los pueblos indígenas, cuyos derechos fundamentales son vulnerados por la incursión de los grupos de interculturales y otros afines al partido en función de gobierno.     

“Estamos hablando de un traslado geopolítico que hace el Gobierno de sus grupos interculturales, a través de entidades como el INRA y la ABT”, mencionó Álvarez.

A su turno, Rek alertó que los recursos económicos para atender los incendios son utilizados, según denuncias, en ese traslado de gente afín al Gobierno, pero también se conoce que desde el INRA se ha comenzado a subir el valor de las tierras hasta 600 veces, algo que genera casos de corrupción.

“El problema es muy profundo, Bolivia va a terminar en una guerra civil o un proceso de depredación y enfrentamientos muy peligroso”, expresó la senadora.

El relator de la CIDH estuvo en Bolivia en diciembre pasado y se reunión con personeros de la Cancillería del Estado para recibir información parcial sobre los incendios forestales y la atención que hizo el Gobierno.

Sin embargo, Palumno solo recibió una parte de los datos, ante las diez millones de hectáreas quemadas en Bolivia y la versión gubernamental que trató de responsabilizar a los agroproductores por ese desastre ambiental.

“El Gobierno quiere crear la narrativa de que los cruceños generan los incendios, que los productores son los que fomentan las quemas y eso es falso. Esa narrativa apunta a generar normas que castiguen a estos productores para poder comenzar a revertir las tierras”, respondió la diputada representante de la Chiquitania.

Los créditos solicitados por el Gobierno y el INRA también fueron cuestionados por las legisladoras nacionales, porque no se pueden aprobar recursos desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando no existe transparencia ni siquiera una base de datos que certifique el proceso de saneamiento de tierras o titulación de propiedades.  

Finalmente, hubo el compromiso de facilitar información a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sobre todo porque surgieron nuevas denuncias sobre la expulsión de organizaciones ambientalistas que sería el primer paso para iniciar otra etapa de redistribución de tierras fiscales y el ingreso a áreas protegidas del país.  

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La diputada nacional María René Álvarez presentó ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, una querella contra los autores del biocidio de jaguares cometido en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, delito cometido a través de la actividad de la caza ilegal de especies.

“Nos apersonamos ante la Fiscalía porque no podemos continuar viendo cómo además de avasallar nuestras tierras, existen grupos organizados que ahora atacan y trafican con nuestras especies animales protegidas y en peligro de extinción”, señaló la legisladora cruceña.

El memorial, en calidad de víctima como representante del departamento y en el marco de las atribuciones fiscalizadoras como diputada nacional, fue ingresado ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Medioambiente, Pérdida de Dominio, Financiamiento del Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La querella identifica a Jorge Nestor Noya y Luis Villalba Ruiz como autores de los hechos, catalogados dentro de las figuras de biocidio y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional como delitos ambientales.

Según la relación de hechos, expuesta por la diputada, desde septiembre de 2023 el grupo Caza & Safari, bajo la fachada de empresa de turismo, ingresó al ANMI San Matías de la provincia Ángel Sandoval, y provocó la muerte de cinco jaguares de forma premeditada y violenta.

“La conducta de los sindicados es antijurídica, ya que infringe normas explícitas destinadas a proteger la biodiversidad y el medio ambiente. Además, no existen causas de justificación que legitimen la caza de jaguares en áreas protegidas, pues estas acciones no responden a necesidades de subsistencia, sino a intereses económicos y recreativos contrarios a las disposiciones legales”, señala parte de la querella patrocinada por el abogado Juan Carlos Camacho.    

Las primeras indagaciones revelan que se trata de una red que opera desde Argentina y coordina estas actividades ilegales en Brasil y Bolivia. La Fiscalía Ambiental comenzó la investigación, pero cuestionó la falta de apoyo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el Ministerio de medio Ambiente y Aguas (MMAyA) y la Gobernación de Santa Cruz. 

“Pedimos también que los encargados de proteger nuestros recursos en fauna sean parte del proceso para brindar información. Por eso llamamos a las cabezas del Sernap y del Ministerio de Medio Ambiente”, agregó Álvarez.

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